Estimados amigos, ciertos acontecimientos políticos de las útimas semanas y días traen amenazas para la aplicación progresiva del CPP, aunque, también, oportunidades. Sobre estos asuntos conviene aquilatar debidamente el mensaje presidencial de Fiestas Patrias, en el cual, junto con el reconocimiento de los avances del CPP (vigor pleno en 16 distritos judiciales, con 13 millones de peruanos, e inversión de 762 millones de soles, desde 2006 a la fecha), se recomendó al Parlamento evaluar la experiencia piloto, sus aportes y problemas, así como "DISCUTIR LAS MODIFICACIONES QUE JUZGUE CONVENIENTES". A esto debe agregarse la alarma social suscitada por crímenes violentos (caso Romina, la niña baleada) que, sobre estimulada por la prensa seria y amarilla, ha dado pie a la grita de siempre: tolerancia cero, seguridad a cualquier costo, incremento de penas, anulación de beneficios penitenciarios, presentar a la fiscalía y Poder Judicial como culpables del desmadre, etc.; recogida por congresistas que no desaprovechan la ocasión para fungir de dracones criollos, como acaban de demostrarlo en el último pleno del Congreso (20.8.10) que ha aprobado extender el estado de flagrancia delictuosa hasta por 24 horas, desoyendo los presupuestos de inmediatez temporal y personal, y olvidando que esa fórmula ya fue intentada sin éxito mediante el D. Leg. 983 (29.7.2007), derogado por Ley 29372 (9.6.2009), que ahora vuelve revivido. Concurren a este escenario, también, la STC (Exp. Nº 02748-2010-HC) sobre plazo razonable, uno de cuyos fundamentos exhorta al Congreso a modificar el plazo de la investigación preparatoria más allá de los 8 meses o de su prolongación hasta 16; lo propio ha sucedido con la presentación del Ministro del Interior ante el Congreso, quien pidió cambiar las normas procesales para "facilitar" el trabajo policial. El pleno congresal de 20 de este mes (cuyas actas se adjuntan para apreciar la orfandad de las intervenciones) ha cerrado el círculo aprobando modificaciones alusivas a la detención policial en delito flagrante, al endurecimiento de penas y restricción de beneficios penitenciarios. Estas son las amenazas, pese a ellas, no debemos desaprovechar la oportunidad que este momento de confusión y retroceso ofrece para insistir en la difusión y aplicación del CPP, en tanto oferta normativa de un sistema cuya aplicación ha empezado a revertir los aspectos más intolerables del servicio de justicia penal
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