31 mayo, 2013

Prueba legítima, prueba ilícita y regla de exclusión probatoria

Referencias:
Prueba, legitimidad
Prueba ilícita
Exclusión probatoria
Medidas restrictivas de derechos y búsqueda de pruebas
Allanamiento
Registro domiciliar
Incautación de cuerpo del delito
Delito flagrante
Impugnación: recurso de nulidad, absolución
Tráfico ilícito de drogas

Sala Penal Transitoria
R.N. N. ° 3182-2012 (pdf)
Callao



Tráfico ilícito de Drogas. Informes OEA

Referencias:
Derecho penal especial
Tráfico ilícito de drogas
Drogas, despenalización
Investigación preparatoria estratégica: criminalidad organizada - tráfico ilícito de drogas

Informes de la OEA sobre “El problema de las drogas en las Américas”
19/05/2013 publicado por Emilio Martínez


El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, presentó en un acto conjunto con el presidente colombiano Juan Manuel Santos un estudio sobre “El problema de las drogas en las Américas”, mismo que está dividido en un “Informe Analítico” y un “Informe de Escenarios”.
El doble documento incluye la descripción de las rutas por las cuales la cocaína sale desde Latinoamérica hacia diversos puntos del planeta.



Puede ver también -

OEA revela que cocaína sale de Bolivia por cuatro rutas
19/05/2013 publicado por Luz Mendoza 3Archivado en:Coca Narcotráfico

Llega a tres continentes. Consideran que Colombia, Perú y Bolivia serían los países de origen del estupefaciente, las que son transportadas como producto final o en alguna etapa de su elaboración o para ser procesada en otro lugar.

Esta información sobre la actividad del narcotráfico es corroborada también con informes de instituciones nacionales.

EL DIARIO, LA PAZ.- El informe sobre “El Problema de las Drogas en las Américas”, presentado el viernes por la Organización de los Estados Americanos (OEA), sostiene que la cocaína peruana y boliviana pasa por varios países de Sudamérica, queda una parte para el consumo interno, siendo transportada, a través del Caribe y el Oeste de África, hacia Europa, Asia y el Oriente Medio.

Otros informes sostienen que Colombia, Perú y Bolivia son los países de origen de toda la cocaína consumida en el mundo, ya sea como producto final o en alguna etapa de su elaboración para terminar de ser procesada en otro lugar.

Colombia, el país que anteriormente producía la mayor cantidad de cocaína, disminuyó su producción durante la última década, al tiempo que Perú y Bolivia la aumentaban.

Por otro lado, EL DIARIO intentó comunicarse con las autoridades correspondientes con la finalidad de conocer su criterio sobre el mencionado informe de la Organización de Estados Americanos que involucra al país con el tráfico de cocaína, aunque recientemente el Gobierno de Bolivia rechazó ayer el Informe Estratégico de Lucha Contra las Drogas 2013, expedido por el Departamento de Estado de Estados Unidos y que critica el trabajo boliviano al no identificar progresos en esta materia.

La cocaína boliviana tiene cuatro rutas para llegar a tres continentes

En todas las rutas marítimas hacia todos los mercados, el principal medio de transporte son las lanchas rápidas, los yates de placer, las embarcaciones pesqueras, los buques de carga y los navíos porta contenedores.

“La cocaína peruana y boliviana pasa por varios países de Sudamérica en donde queda una parte para el consumo interno y luego es transportada, a través del Caribe y el Oeste de África, hacia Europa, Asia y el Oriente Medio”, señala el informe sobre “El Problema de las Drogas en las Américas” presentado el viernes por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Este informe de 400 páginas fue entregado por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en un acto llevado adelante en la Casa de Nariño, sede del Gobierno colombiano.

Ese documento está compuesto por dos dimensiones: el Analítico y el de Escenarios, y hace una “cruda” revisión de la realidad que los países del continente enfrentan con relación con el fenómeno de las drogas. Está disponible en la página web de la OEA. Este medio intentó obtener una opinión sobre el tema del viceministro de Seguridad Social, Felipe Cáceres, pero ello no fue posible porque su celular se encontraba ocupado.

LAS RUTAS

Esa recopilación de informes de varias organizaciones regionales que trabajan en la lucha contra el narcotráfico o tienen que ver con ella señala que la cocaína peruana y boliviana fluye a Europa a lo largo de rutas múltiples.

Una vía es el océano Atlántico, atravesando el Caribe e ingresando a Europa, de preferencia a través de España y Portugal.

La segunda parte desde Sudamérica a Cabo Verde y las Islas Canarias y luego a Europa, principalmente a través de Portugal.

La tercera es conocida como la “ruta africana”, que va desde Venezuela y otros lugares de Sudamérica, a países del África Occidental y de allí a Portugal y España.

Finalmente, desde Brasil hacia Venezuela y Ecuador a los puertos de España, los Países Bajos y Portugal.

La Interpol señala que la ruta del África Occidental se ha vuelto más importante durante los últimos 10 años a través de países como Guinea-Bissau, Guinea, Senegal, Sierra Leone y Mali, y luego hacia Europa. Sin embargo, la Onudd indica que, según datos recientes sobre confiscaciones y arrestos, ha habido una probable disminución del uso de esta ruta.

En todas las rutas marítimas hacia todos los mercados, el principal medio de transporte son las lanchas rápidas, los yates de placer, las embarcaciones pesqueras, los buques de carga y los navíos porta contenedores. Estos últimos presentan un desafío particular para la detección del cargamento y además tienen un enorme potencial para cargar grandes volúmenes.

El tráfico por aire utiliza personas como transportadores (conocidos como “mulas”) cuando viajan por compañías de líneas aéreas. Los aviones controlados por los narcotraficantes usan una amplia variedad de métodos; por ejemplo lanzando la cocaína en aguas internacionales desde donde puede ser recogida por embarcaciones, aterrizando o lanzando la cocaína desde el aire en zonas remotas de Centroamérica o el Caribe y, cuando se trata de distancias más grandes y cuentan con aviones adecuados, transportando la cocaína hasta África.

El transporte terrestre, por su parte, tiene lugar en Centroamérica y México hacia los mercados de Estados Unidos y Canadá, así como por tierra desde la región andina para el consumo en América Latina y su envío a Europa y a otros lugares del mundo.

Las confiscaciones de cocaína en Europa han disminuido entre 2006 y 2009, de acuerdo al Centro Europeo de Monitoreo de Drogas y Adicción a Drogas (Emcdda) pero la prevalencia y el precio de mercado por gramo (de pureza desconocida) se mantienen estables, lo que sugiere que la reducción de las confiscaciones no indica una reducción del flujo. El Diario.

Juzgamiento y videoconferencia

Referencias:
Juicio oral: Principio de inmediación
Video conferencia

La democracia tiene costos: salud, educación, justicia, etc.

Los encausados esencialmente deben ser procesados y, en su caso, juzgados atendiendo los costos del debido proceso y los condenados deben ser rehabilitados por el Estado.

Expreso mi preocupación porque el juicio virtual se avizora bajo el sino del abaratamiento del costo de los traslados.

http://www.inpe.gob.pe/contenidosprensa.php?id=1123&direccion=1

La sala de procesamiento y juzgamiento audiovisual en penal de Socabaya tiene la finalidad de ahorrar, entre otros rubros netamente económicos, el principio de inmediación en juicio.

La excepcionalidad (para diligencias urgentes o situaciones extremas) se avizora ahora como regla.

Como no hay límites, se puede pensar hacia el futuro inmediato en un colegiado de tres jueces cada uno en un distrito judicial distinto, un fiscal igualmente en otro lugar, un defensor remoto (conectado con su defendido por teléfono celular), varios peritos cada uno desde su iPod, todo en un soporte web (para la publicidad). Falta incluir la posibilidad de la imagen tridimensional del procesado (un holograma). 

Triunfos de la ingeniería y del abaratamiento de costos. ¿Y las consultas para el contra interrogatorio, las objeciones?, ¿y las reglas del juicio justo? ¿Se condenará al holograma?

Jorge Luis Salas Arenas

Prof. Derecho Penal

Pericias forenses. Proyecto de Ley

Referencias:
Prueba
Medios de prueba: pericia
Criminalística

Pericias forenses (pdf)

Servicio de Justicia Penal: desaprobación

Referencias:
Servicio de Justicia Penal
Desaprobación, encuestas


Coerción: decomiso, incautación y secuestro de bienes

Referencias:

Coerción:
Medidas restrictivas de derechos y búsqueda de pruebas.
Medidas coercitivas reales
Decomiso
Incautación
Secuestro de bienes

Rafael Vega Llapapasca

Libro: Decomiso, incautación y secuestro. Perspectivas de lege lata y lege ferenda.
Autor: Gálvez Villegas, Tomás Aladino
Editorial: Ideas.
Ciudad: Lima.
Año: 2013
350 Páginas.

El profesor Tomás Aladino Gálvez Villegas nos hace una entrega más de un tema que no le es ajeno, por el contrario, en obras anteriores (Reparación Civil en el proceso Penal, Idemsa, Lima, 2005; El Código Procesal Pena: Comentarios descriptivos, explicativos y críticos, segunda edición, Jurista Editores, Lima, 2010; Nulidad de actos jurídicos de disposición, Jurista Editores, Lima, 2008; La acción de pérdida de dominio en el ordenamiento jurídico peruano, segunda edición, Jurista Editores, Lima, 2009; Consecuencias accesorias del delito y medidas cautelares reales en el proceso penal, Jurista Editores, Lima, 2009) ha hecho tratamiento de estos tópicos, pero por primera vez de una manera tan circunscrita y completa.

El autor refiere que este trabajo se da a partir de una lucha frontal asumida en contra de la “avidez lucrativa (…) que gobierna la conducta delictiva de los agentes del delito”, es decir combatir el goce y disfrute, por parte del sujeto activo, del producto de sus ilícitos (es de anotar que el doctor Gálvez Villegas es parte del Ministerio Público).

El texto gira alrededor de las diferenciaciones dogmáticas de las instituciones, según el Código Procesal Penal de 2004, de Decomiso, al cual define como una consecuencia definitiva aplicable al delito; la Incautación, medida cautelar que asegura el futuro cumplimiento del decomiso; y el Secuestro, descrita como una medida de investigación jurisdiccional con la finalidad de esclarecer los hechos.

El autor se muestra crítico con el tratamiento, a nivel de la aplicación, que se le da a estas instituciones, al no hacer el correspondiente distingo dogmático, a lo que agrega que los operadores jurisdiccionales donde rige el código procesal penal de 2004, por una deficiencia del propio cuerpo normativo, no encuentran un distingo entre la Incautación y el Secuestro, más aún, con la salida del Acuerdo Plenario Nº 5 – 2010/CJ-116 - Asunto: Incautación - [1], en la que, a su ver, se reincide en dicho error, lo que le vale acidas críticas, inclusive, a su deficiente construcción gramatical, considerándola “ininteligible”, motivo por el que invoca a los operadores jurisdiccionales a un rechazo a dicho pronunciamiento, al no resultar convincente y no esclarecer el resolver el problema que busca resolver (página 18).

El libro más allá de un conjunto de conceptos doctrinarios y jurisprudenciales, agrega algunos problemas interesantes en torno a los tópicos ya descritos:


  1. El autor considera que las llamadas “consecuencias accesorias” (Capítulo II del libro primero del Código Penal, arts. 102-105) pueden ser independientes a las penas y a las consecuencias civiles derivadas de la responsabilidad penal (páginas 30-44), en contradicción con la posición de otro teórico actual, Percy García Cavero (Derecho Penal. Parte General, Jurista Editores, Lima, 2012, pág. 215 – ss.), tema que no vendría a mal dilucidar en una polémica.
  2. Gálvez Villegas exige de manera urgente cambios normativos, a partir de una perspectiva dogmática, que defina correctamente las instituciones jurídicas de incautación y secuestro, como una respuesta a un estado de imperante necesidad.
  3. A su vez el texto hace una crítica hacia la, a su propio ver, engorrosa y entorpecedora obligación que el código procesal penal le impone, al fiscal y a la policía, de tener la obligación de solicitar una orden judicial para proceder a una incautación y que, en caso de urgencia, de dar aviso al referido operador jurisdiccional para que la diligencia tenga validez procesal, al considerarlo antisistema, en tanto, el propio cuerpo normativo procesal lo pone a la cabeza de la investigación preparatoria, siendo esta norma una amputación a sus funciones (páginas 217-223).
  4. Queda pendiente de discusión la peculiar diferenciación que hace Galvez Villegas entre “medida de coerción real”, a la que el autor le atribuye una función en sí misma, como actos procesales o de investigación, entre las que se encuentra la institución del secuestro; con las “medidas cautelares reales”, a las que se les considera como instrumentales a lo que se resuelva en la sentencia definitiva (páginas 279-280).
Nos encontramos así ante una obra interesante, seria y desde una perspectiva propia del autor. Una impecable presentación para un libro que muestra un trabajo esmerado.
26.05.2013

Ciencia y Derecho

Referencias:
Prueba
Ciencia al servicio del proceso
Criminalística

Colusión: modalidades

Referencias:
Derecho penal especial
Delitos contra la administración pública
Colusión

Amelia Lida Espinoza Montes
Breves consideraciones sobre las dos modalidades de colusión ilegal: colusión antecedente y subsecuente
Texto completo en pdf o en:

Delimitación de la noción de engaño como elemento del delito de defraudación tributaria

Por Patrick Pinedo Hidalgo
Abogado

El 13 de mayo del presente, el MEF dio el Decreto Supremo N° 092-2013-EF -en adelante, el Decreto- mediante el cual, entre otros aspectos, incluye el Literal D “Productos sujetos alternativamente al Sistema Especifico (Monto Fijo), al valor, o al valor según precio de venta al público” al Nuevo Apéndice IV del T.U.O de la Ley del Impuesto General a las ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.
Así, a través de dicho literal se regula que en relación a los líquidos alcohólicos correspondientes a las Partidas Arancelarias señaladas en el artículo 3 del Decreto se pagará impuesto de acuerdo a la tabla anexa a la norma, que fija quantums de hasta el 30%. Por lo que, de acuerdo a la noticia adjunta al presente, algunos conocidos en la materia sostienen que el Decreto únicamente tiene un fin recaudatorio y no apoya a enfrentar la evasión al pago de tributos.
 Al respecto, desde un enfoque económico del comportamiento, el aumento de tasas impositivas genera en los administrados desincentivos para cumplir con la obligación de pago del tributo. Por lo que, nos podríamos encontrar ante la comisión de una infracción tributaria o un delito de defraudación tributaria.

Por lo cual, consideramos pertinente compartir un análisis material del delito de defraudación tributaria. Para ello, un artículo del suscrito acerca del “engaño” como criterio diferenciador entre la infracción tributaria denominada evasión del cumplimiento de la obligación tributaria de pago y el delito de defraudación tributaria.

24 mayo, 2013

Alegato de entrada en "El juicio de Nuremberg: ¿vencedores o vencidos?" (1961)

El siguiente extracto de la película El juicio de Nuremberg: ¿vencedores o vencidos?, del director  Stanley Kramer, muestra el inicio del alegato de apertura del fiscal Lawson, en el juicio contra cuatro jueces alemanes que, durante el régimen del III Reich, aplicaron leyes cuyo propósito era el exterminio de seres humanos.

Puede ver el video en: https://www.youtube.com/watch?v=e3DBbowtDtc


Proceso penal contra Ríos Montt (Guatemala)


Puede escucharse la lectura de la sentencia condenatoria a Ríos Montt, por la comisión de los delitos contra deberes de la humanidad y genocidio aquí (audio).

Y la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que anula todo lo actuado en la fase de debate oral y público del proceso penal puede leerse en texto completo aquí (pdf), o vía issuu


Narcoconmutaciones


 La República
César Romero 
Jueves, 23 de mayo de 2013 | 4:30 am



Según datos de la policía antidrogas, peruanos y extranjeros cuyas condenas fueron conmutadas por anterior gobierno, siguen integrando mafias que exportan droga a Bolivia y luego a Europa, África y Asia.
Hasta abril de este año, la policía antidrogas ha recapturado a 85 narcotraficantes, que recibieron el indulto o la conmutación de la pena, durante el gobierno del ex presidente Alan García Pérez, al descubrir que seguían dedicados al tráfico ilícito de drogas.

La Comisión de Gracias Presidenciales que presidió Facundo Chinguel tramitó el perdón de sus penas con el criterio de que se trataba de "burriers" o narcos circunstanciales, pero la realidad ha demostrado que varios de ellos dirigen o integran organizaciones internacionales del tráfico de drogas.
Estas evidencias demostrarían una total falta de filtro al revisar los expedientes de conmutación de pena o, como se ha venido denunciado en los últimos meses, se habrían producido casos de soborno para acceder a la reducción de la pena sin revisar adecuadamente sus antecedentes.
No escarmientan
El 23 de junio del 2010, los agentes antidrogas chilenos informaron confidencialmente a la policía peruana que desde Tacna operaba una organización que preparaba el envío de una importante cantidad de droga a ese país.
Gracias a esa información, el 5 de julio del 2010, la policía y la fiscalía peruanas intervinieron una habitación del hospedaje El Silencio, en Tacna, capturando a Ruth Carrillo Valderrama con tres envoltorios de droga, listos para ser introducidos a Chile.
Unos 10 años antes, Carrillo Valderrama también había sido detenida en el aeropuerto Jorge Chávez intentando viajar con droga. La condenaron a 10 años de prisión, pero el gobierno aprista le conmutó la pena a 8 años, permitiéndole recuperar su libertad el 6 de agosto del 2010.
La policía la acusa ahora de dirigir una organización dedicada a enviar droga al exterior desde el país, junto a Antonio Pérez Coral "Pupunovich" y Leonidas Ramos Coral "Comandante".
Narcoavionetas
El 30 de julio del 2009, Rubén Meza Velásquez, abandonó el penal de Lurigancho, luego que el 9 de julio anterior, el presidente García Pérez y la ministra Rosario Fernández le conmutaron su pena de 10 años prisión, por 7 años y 10 meses de cárcel.
Se suponía que Meza se había arrepentido de sus delitos y se reintegraba a la sociedad. Sin embargo, en septiembre del 2012, luego de neutralizar una avioneta con droga en un aeródromo clandestino de Pucallpa, la policía ha descubierto que Meza dirigía una banda de narcotraficantes.
En la intervención, los narcotraficantes defendieron a balazos su cargamento de droga, hasta que al verse superados por la policía, se dieron a la fuga por el río Sheshea, dejando abandonado 194 kilos 900 gramos de clorhidrato de cocaína, un fusil, tres escopetas y municiones.
La policía intervino la avioneta de matricula Nº CP-2721 y detuvo al piloto boliviano Walter Martínez Baeny (57), el brasileño Gary Gonzales Gioy y los peruanos Hilda Gutiérrez Aquino, Andrés Juárez Pérez y Marisol Rivas Cabrera.
Durante las investigaciones en el interrogatorio a los detenidos, la policía determinó que esa droga pertenecía a una organización dirigida por Raúl Marquina de la Cruz "Washi" y Rubén Meza "Conejo".
Deburrier
Miguel Apaza Mendoza, otro supuesto burrier liberado por conmutación de pena en octubre del 2009, ha sido implicado en el frustrado envío de una encomienda con droga, intervenida en la empresa Swissport, el 5 de julio del 2011.
Pero, no es el único favorecido por la comisión de Gracias Presidenciales que sigue enviando droga desde Lima vía correo. Lo mismo está haciendo, dice la policía, el colombiano Ramiro Castro Mendoza.
Castro es uno de los 50 extranjeros procesados por narcotráfico, a quienes se les perdonó la pena y se les expulsó del país, pero que siguen vinculados al narcotráfico.
El 12 de abril del 2012, la policía volvió a detener a Castro Mendoza dirigiendo una organización en Lima que enviaba importantes cantidades de droga a Europa, en especial a España.
Hasta Marruecos
RaymundaAlverca Guerrero logró la gracia presidencial de la conmutación de pena el 19 de octubre del 2009. Una condena de 10 años de prisión se redujo por la benevolencia presidencial en solo 5 años y ocho meses de prisión, que le permitió abandonar la prisión el 14 de noviembre del 2009.
Pero, un año después, el 22 de noviembre del 2010, la policía la detuvo cuando dirigia una organización internacional de traficantes de droga, con conexiones en Casa Blanca, Marruecos.
La policía antidrogas está reclamando la nulidad de las conmutaciones de penas, para que estos narcotraficantes cumplan la totalidad de sus penas originales.
Perdonaron a israelí pese a amenazas
El ciudadano israelí David HenVachnis, preso en el penal Sarita Colonia del Callao, logró la conmutación de pena el 27 de noviembre del 2009, pese a que en esa época su pareja peruana Vanesa Fernández denunciaba que él la acosaba desde prisión.
"Una vez cogió un cuchillo y me quiso cortar la cara, para que ningún hombre volteara a verme. ´Ya sabes lo que te va a pasar si me engañas, prefiero verte muerta a verte con alguien, le dijo", denunció Fernández.
El presidente Alan García le conmutó su pena de 12 años de prisión, por una de solo seis años de cárcel, que le permitió recuperar su libertad el 15 de mayo del 2011. Pero no estuvo mucho tiempo libre. El 14 de diciembre del 2011, volvió a ser detenido como financista y organizador de una mafia que envía droga a Israel.
Claves
En el caso de los extranjeros, las resoluciones supremas de conmutación de pena disponían que, luego de dejar el penal, debían abandonar el país, pero esa medida nunca se supervisó.
El español José Antonio León Blazquez fue liberado el 9 de marzo del 2011, luego de cumplir 2 años y 9 meses de una condena de 6 años de cárcel. Pero nunca regresó a su país, en junio del 2012 volvió a ser capturado vendiendo droga.

PNP no cuenta con suficientes sistemas de data para la lucha contra la delincuencia

Doris Aguirre
La República

En desventaja 


Jueves, 23 de mayo de 2013 | 4:30 am 

Según una encuesta nacional realizada en las comisarías, seis de cada 10 no cuentan con acceso al Reniec; 9 de cada 10 tampoco están conectadas al Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) y tampoco a Registros Públicos. Y 5 de cada 10 no pueden revisar el Registro de Requisitorias.
Doris Aguirre
El acceso directo al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a Registros Públicos, al Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) y a la base de datos de procesos judiciales y condenas del Poder Judicial es de extrema importancia para la Policía Nacional en su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
Sin embargo, de las 1,397 comisarías de todo el país, al menos seis de cada diez no cuentan con ninguno de los servicios de información, de acuerdo con el Censo Nacional de Comisarías (Cenacom) al que ha tenido acceso La República.
La base de datos del Reniec es una herramienta clave para la identificación de criminales de todo tipo, y facilita a las víctimas a reconocer a los agresores o denunciados. La información del Reniec –que incluye una fotografía de la persona– es vital para acelerar las investigaciones policiales y obtener buenos resultados.
El censo de la Policía Nacional indica que seis de cada 10 comisarías en el Perú (62 por ciento) no tienen conexión con dicho servicio.
Los efectivos que combaten al narcotráfico, al crimen organizado, a los traficantes de madera, a los tratantes de blancas, a los subversivos, en diferentes partes del país, están desprovistos de la importante herramienta que representa el Reniec.
Las 111 comisarías limeñas tienen acceso a la base de datos del Reniec, pero es muy limitado.
Cada dependencia puede hacer como máximo hasta 25 búsquedas por día. La cobertura para la investigación, en consecuencia, resulta poco significativa.
No es todo.
Alta sensibilidad
Nueve de cada diez comisarías del país (87 por ciento) no pueden acceder al Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), que se supone es una información con la que debería contar toda la organización de la Policía Nacional. Pero no es así. El Sidpol es de gran utilidad para identificar a los sospechosos con gran rapidez.
Tampoco ocho de cada diez comisarías cuentan con el servicio de Registros Públicos por Internet.
En Lima, ninguna de sus 111 comisarías tiene disponible dicho acceso, de acuerdo con el último Censo Nacional de Comisarías (Cenacom).
Sin Registros Públicos, se dificultan sensiblemente las investigaciones sobre robo de vehículos, estafas, suplantaciones, apropiaciones ilícitas, usurpaciones y otros delitos similares.
La comisaría de Apolo, de moderna infraestructura, está ubicada en La Victoria, un área con alto índice de actos delictivos, pero sus efectivos deben pagar con su dinero si necesitan información de Registros Públicos.
Lo mismo se repite en el caso de la base de datos del Poder Judicial. La situación es peor.
Según información del censo de la Policía Nacional, el 92 por ciento de las dependencias policiales no puede recurrir a la información judicial con el propósito de identificar a procesados y sentenciados.
Por si fuera poco, la policía tampoco cuenta con un dispositivo que le permita acceder al registro penitenciario, en el que se consigna información relevante sobre reclusos y ex presidiarios.
Además, la policía no es notificada cuando algún delincuente es liberado por decisión judicial, lo que dificulta el seguimiento de los elementos más peligrosos.
En Lima todas las comisarías pueden obtener información inmediata del Registro de Requisitorias, pero esta situación ideal no se repite en el interior del país, donde el 50 por ciento de las comisarías (un total de 658) no dispone de este sistema vital para la identificación de los sospechosos.
La falta de conexión con el Registro de Requisitorias es más grave y sorprendente en zonas de intensa actividad de Sendero Luminoso y de las organizaciones del narcotráfico.
Guerra en las tinieblas
La mayor parte de las 34 comisarías del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) está desvinculada del sistema de Registro de Requisitorias. La ausencia de conexión es un duro obstáculo con el que deben lidiar los policías todos los días. Este problema merma hondamente la labor de los agentes contra la subversión y el narcotráfico, de acuerdo con oficiales de las comisarías de San Francisco, Sivia y Echarate, entre otras, consultados por La República.
Ese es el caso de la comisaría de Santa Rosa, ubicada en el distrito de Caballococha, en Loreto, en la frontera con Brasil y Colombia.
Esta unidad policial que lucha contra el narcotráfico, los sicarios del crimen organizado y los traficantes de madera no cuenta con conexión de Internet y mucho menos puede revisar información en el Reniec. La República lo comprobó en el mismo lugar.
En cambio, las localidades cercanas a Santa Rosa, como la colombiana Leticia y la brasileña Tabatinga, disponen de Internet y de todos los servicios.
Lo mismo se repite en otras áreas con presencia del narcotráfico.
La provincia de San Miguel, ubicada en Cajamarca, es un paso obligado de los cargamentos de droga que salen del Alto Huallaga con destino a la costa de Lambayeque o Piura, y que continúa con dirección a Ecuador.
Las comisarías de Niepos, La Florida y Nanchoc, en la provincia de San Miguel, cuya misión es detener el flujo de la cocaína que proviene del Huallaga, están desprovistas de acceso al Reniec y al Registro de Requisitorias. Para obtener la información de ambos servicios, los oficiales deben llamar por teléfono a la Policía Judicial de Chiclayo. Si tienen suerte, los atienden.
Sin ir muy lejos, las cinco comisarías de Huaral, en el Norte Chico, en Lima, tampoco están conectadas a la base de datos del Reniec.
Consultado el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza Sierra, afirmó que su despacho se encontraba en plena ejecución de proyectos para vincular a las comisarías con los sistemas de información del Sistema de Denuncias Policiales, Registros Públicos, Reniec, Registro de Requisitorias, Sistema de Procesos y Sentencias Judiciales y otros.
El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, aseguró que todas las comisarías del país contaban con acceso al sistema del Reniec y Requisitorias, gracias a su gestión.
"Personalmente estoy supervisando que las unidades policiales cuenten con todos los accesos a las bases de datos más importantes para la acción policial", dijo.
Según el ministro Pedraza, la compra de 800 "patrulleros inteligentes" solucionará en gran parte los problemas descritos, porque los vehículos estarán equipados con computadoras con acceso al Reniec, Registro de Requisitorias, el Sistema de Denuncias Policiales y otros.
"Las comisarías contarán con al menos un 'patrullero inteligente', de modo que los efectivos ya no tendrán que ir hasta sus oficinas para buscar por Internet información sobre los sospechosos. Todo estará en los vehículos", señaló: "Hay políticos que piden más comisarías, pero ese no es el punto".
Sin atestados sólidos
“Hemos hecho tres supervisiones nacionales de comisarías y hemos detectado una grave deficiencia en el acceso de información técnica y especializada con la que deben contar los policías para efectuar sus investigaciones y la persecución del delito", expresó el Adjunto para los Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Fernando Castañeda Portocarrero.
“Hemos encontrado grandes deficiencias en cuanto al acceso del Internet, a Reniec, a requisitorias policiales, Registros Públicos y procesos judiciales en general. Sin esta información, la policía no puede elaborar atestados sólidos y confiables para que no sean rechazados en el Poder Judicial", dijo Castañeda.

Bolivia: reforma procesal y detención preventiva


La Gaceta Jurídica 
Raúl Morales Romero
00:00 / 21 de mayo de 2013

La reformaprocesal penal y detención preventiva en Bolivia 
Una investigación de la Fundación Construir, con asistencia técnica del Centro de Estudios en Justicia de las Américas y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, examinó el proceso de implementación del Código de Procedimiento Penal y el sistema de medidas cautelares en Bolivia entre 2008 y 2012.
Las audiencias y el sistema carcelario todavía son contradictorios en sus objetivos. Foto: megalink.biz


El director ejecutivo de la Fundación Construir, Ramiro Orías, reveló que la investigación desarrollada a través del proceso de observación presencial ciudadana en las audiencias cautelares y la investigación de la Reforma Procesal Penal y Detención Preventiva en el país busca aportar nuevos escenarios que contribuyan a descongestionar el sistema de administración de justicia penal.
El documento cuenta con seis capítulos referidos a la Reforma Procesal Penal en Bolivia; Sistema de Administración de Justicia Penal en Bolivia; el Proceso Penal en Bolivia; Detención Preventiva en Bolivia, a la luz de los estándares; Observación ciudadana de audiencias cautelares, y Conclusiones y recomendaciones.
El sistema procesal penal
Actualmente el Estado transita hacia una reforma estructural del sistema de justicia, que ha hecho que se ponga en agenda nuevamente la discusión de reformular el sistema procesal penal.
Desde hace doce años que el Código de Procedimiento Penal, Ley 1970, se encuentra vigente, sin embargo, la justicia penal continúa con altas cifras de causas sin sentencia, lo que se traduce en índices de sobrepoblación carcelaria que hacen que la aplicación de detención preventiva se convierta en un serio problema en la aplicación de los derechos humanos.
El debate público habría cuestionado numerosas veces el espíritu garantista de la reforma, principalmente en aspectos relacionados al régimen de medidas cautelares, ya que se ha cuestionado el espíritu garantista de la reforma y el sistema acusatorio bajo el argumento de ser demasiado “complaciente con los delincuentes”, aspecto que ha motivado al Estado nuevamente adoptar modificaciones a las normas penales con enfoque meramente punitivo.
Así, entre 2003 y 2012 se han producido múltiples modificaciones al ordenamiento normativo penal y procesal penal, todas ellas tendientes al endurecimiento de penas y a la ampliación de las facultades discrecionales en fiscales y jueces para solicitar y determinar la detención preventiva.
En este sentido, los delitos de menor relevancia social, que hasta entonces tenían abierta la posibilidad para solucionarse por vías alternas a juicio, son encausados al proceso penal y con esto se produce sobrecarga procesal y se agravan los niveles de retardación de justicia, puesto que las medidas adoptadas no fueron acompañadas con la creación de nuevos juzgados, la inyección de recursos humanos y de infraestructura que permitan al aparato judicial responder a la demanda judicial.
Los altos índices de criminalidad, la excesiva duración de los procesos, así como la poca y débil respuesta del sistema de justicia a las demandas de los ciudadanos generan en la práctica que las medidas cautelares se apliquen como una especie de pena anticipada, frente a la imposibilidad del aparato judicial de llevar la persecución penal a una sentencia condenatoria a través de un proceso oral, público, contradictorio y fundado en el respecto de las garantías del debido proceso.
Ejes de estudio
El estudio trabajó en dos áreas. La primera destinada al análisis basado en la estadística judicial y penitenciaria en el país, inherente entre las gestiones 2008 a 2011, y la segunda destinada a la recolección de información sobre el funcionamiento del sistema de programación y desarrollo de audiencias cautelares en las ciudades de La Paz y El Alto, que albergan cerca del 20 por ciento del movimiento de las causas en la etapa preparatoria en Bolivia, buscando identificar cómo funciona el sistema de justicia penal en esta etapa y cuáles son los factores que motivan a la solicitud y a la aplicación de la detención preventiva en el país.
Esto fue posible gracias a la observación presencial del desarrollo de audiencias cautelares en los 15 juzgados de instrucción penal cautelar existentes en ambas ciudades.
La Fundación Construir, el Centro de Estudios en Justicia de las Américas, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, promovieron de forma conjunta la investigación Reforma Procesal Penal y Detención Preventiva en Bolivia con la finalidad de identificar los principales problemas que trascienden al uso excesivo de la detención preventiva para contribuir a la adopción de nuevas alternativas que permitan efectivizar la persecución penal y, a la vez, favorecer a la reducción progresiva de los índices de detención preventiva en Bolivia.