Referencias:
Balances de la implementación del CPP
Seguridad
Ciudadana, impacto de la reforma procesal penal
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Fuente:
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/1CNtitulares1/06b3f742bcce116505257b800074c989/?OpenDocument
Fiscal de la Nación destaca logros del nuevo Código Procesal
Penal
La Comisión Especial de Seguridad Ciudadana propuso ocho
recomendaciones a las autoridades del Ministerio Público, Consejo Nacional de
la Magistratura y Ministerio del Interior, para que se desarrolle en el país
acciones rápidas, concretas y coordinadas frente a la inseguridad ciudadana en
el país.
El presidente de este grupo multipartidario, congresista
José León Rivera (GPPP), dio a conocer estas propuestas en la sesión del martes
4, luego de que el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, diera a conocer
-minutos antes en la comisión- las acciones de índole procesal y penal que su
institución lleva adelante.
Al MP le recomienda que fortalezca la presencia de fiscales
y fiscalías en las zonas de alto impacto criminal y de inseguridad ciudadana, y
que se establezcan parámetros de medición y estadísticas que permitan
conocer el nivel de cumplimiento que le
señala la Constitución Política.
Al CNM le propone que priorice el nombramiento de fiscales
titulares en todo el país a fin de que el Ministerio Público afronte el
problema del crecimiento del delito. Y tanto al MP como al MININTER les
recomienda que actúen en forma conjunta y apliquen de la mejor manera el nuevo Código
Procesal Penal.
También recomienda al Ministerio del Interior que implemente
cuerpos de élite y unidades especializadas para reforzar la investigación
policial científica en zonas con alto índice de criminalidad.
INFORME
El fiscal de la Nación destacó la puesta en vigencia del
nuevo Código Procesal Penal en 23 distritos judiciales del país. Falta hacerlo
en Lima centro y en los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Junín y
Huancavelica (nueve distritos judiciales. El 41,8% de la población no cuenta con
el Código Procesal Penal promulgado en el 2004, según Peláez Bardales).
Dijo que existen tres herramientas jurídicas, tres normas
procesales que permiten ejercer justicia en el país: el Código de
Procedimientos Penales, el Decreto 124, sobre proceso sumario; y el nuevo
Código Procesal Penal que empezó a implementarse en el 2007 en Trujillo.
El nuevo Código establece tres etapas de trabajo: la
investigación preparatoria (recopilación de indicios y pruebas), la etapa
intermedia (dirige el juez la investigación) y el juicio oral, que puede ser
único o colegiado. Hasta 1940 (fecha de promulgación del Código Procesal
actual) no había un control de los plazos. Hoy es más rápido, existe un control
estricto y las decisiones del juez no se llevan en secreto, como antes, sino en
audiencia pública. La investigación actual la hace el fiscal con ayuda de la
policía.
Según la Fiscalía de la Nación, existen 3,554 puntos
identificados como zonas de alto impacto delictivo. La FN conjuntamente con la
PNP y las juntas vecinales han realizado reuniones de sensibilización y
acciones coordinadas con padres de familia sobre el peligro y consecuencias de
los actos delictivos y labores de prevención.
Peláez Bardales dio a conocer algunas estadísticas sobre la
labor que realiza la Fiscalía. Entre el 2007-2010 se incrementó el número de
denuncias. Solo en el 2012 recibió 243,638 denuncias, de las cuales se
resolvieron 162 mil. Destacó la efectividad de las sanciones penales como
consecuencia de la implementación del nuevo CPP. Entre enero y abril de este
año se impusieron 66 condenas a cadena perpetua y 291 condenas mayores de 15 años,
mientras que el año pasado fue de 19 cadenas perpetuas y 127 penas mayores de
15 años. Un juicio demoraba antes 44 meses y un sumario 23 meses como promedio.
Hoy se ha simplificado a un año dos meses como máximo, y el juicio simplificado
se ha reducido a ocho meses.
Informó que en el año 2012 hubo 10,735 sentenciados y 21 mil
procesados, predominando el delito contra el patrimonio. El fiscal de la Nación
dijo que “faltan ajustes” por lo que se está capacitando a los fiscales en la
implementación del nuevo Código. La inseguridad ciudadana, opinó, debe ser
enfocada desde la prevención, y dentro de este panorama el CPP permitirá una
justicia penal justa y rápida.
En la ronda de intervenciones, el congresista Renzo
Reggiardo (CP) dijo que si falta recursos, el CPP no podrá ser implementado
adecuadamente y sugirió que se evalúen las propuestas para hacerlo. Manuel
Merino De Lama (AP-FA) se refirió al incremento de la delincuencia en el norte
del país y denunció la pasividad de algunos fiscales en el departamento de
Tumbes que posibilitan actos de corrupción y el retraso de muchas acciones
judiciales y de investigación.
Por su parte, León Rivera dijo que la comisión especial ha
recibido muchas denuncias y críticas a la labor de los fiscales en Áncash y
Trujillo y preguntó si la intervención de la PNP y de los jueces debe ser solo
para casos “altamente probados”.
En sus respuestas, José Peláez Bardales afirmó que el MP y
la PNP actúan coordinadamente bajo las disposiciones de un Manual de Desarrollo
de Atención al Ciudadano, que ha sido consensuado entre fiscales y policías.
Dijo que la policía no califica el delito, sino que lo hace el fiscal.
